Las insolvencias empresariales ocurren cuando una compañía no puede cumplir con sus obligaciones financieras en los términos pactados con sus acreedores. Estas situaciones pueden deberse a múltiples factores, como problemas de liquidez, una caída en las ventas, crisis económicas o una mala gestión financiera.
Para atender estos casos, existen marcos normativos que permiten a las empresas reestructurar sus deudas o, en última instancia, liquidarse de manera ordenada. Con el propósito de explicar cómo opera este proceso en Colombia, Daniela Echeverri, Analista de Siniestros y Recobro en Solunion Colombia, ha elaborado este artículo, en el que se analiza el régimen de insolvencia establecido por la Ley 1116 de 2006 y su papel en la preservación de la actividad económica y la protección del crédito.
La Ley 1116 de 2006, más conocida como el régimen de insolvencia en Colombia, busca sortear las crisis empresariales de carácter financiero, con el objetivo de proteger el crédito y conservar las empresas como unidades de explotación económica y generadoras de empleos.
La Superintendencia de Sociedades también llamada Juez del Concurso, es la entidad encargada de dirigir y direccionar los procesos de insolvencia regulados en la Ley 1116. Esta entidad ha creado el Atlas de Insolvencia, publicación que se hace con el fin de cuantificar el impacto económico respecto de las solicitudes, admisiones y ejecución de los procesos de insolvencia.
Tendencia en las solicitudes de insolvencia
Durante el 2024 y hasta el 27 de noviembre de ese mismo año (último corte), se han presentado ante la Superintendencia de sociedades 1.574 solicitudes a procesos de insolvencia, 996 para procesos de reorganización y 578 para procesos de liquidación judicial. Para el año 2023 en las mismas fechas se presentaron 1.283 solicitudes, lo que refleja un aumento del 19%.
En Colombia, la intendencia que más recibe estas solicitudes es la de Bogotá, seguida de Medellín; y la que menos ha recibido es la de Manizales.
En 2024 el mes de mayores solicitudes de admisión a procesos de insolvencia fue mayo, con un total de 173 y el de 2023 fue junio con 157. Además, el sector servicios fue el sector con más solicitudes de admisión, con un total de 385 solicitudes que suponen el 24,46%. Los demás sectores se distribuyen de la siguiente manera:
Evaluación de solicitudes admitidas
De las 1.574 solicitudes de insolvencia presentadas ante la Superintendencia de Sociedades, 913 fueron admitidas, 477 están en proceso de evaluación y 184 fueron rechazadas.
Dentro de las admisiones, 562 corresponden a procesos de reorganización y 351 a liquidaciones judiciales, distribuidas según el tipo de sujeto procesal:
El comercio lidera las admisiones de insolvencia
El sector con mayor número de admisiones fue el comercio, con 216 casos aceptados, lo que representa el 23,66% del total. A continuación, se presenta la distribución de admisiones en los demás sectores:
Graduación y calificación de créditos
De acuerdo con nuestra experiencia en Solunion, la etapa más prolongada dentro del proceso de reorganización es la graduación y calificación de créditos, así como la asignación de derechos de voto, la cual puede tomar entre 6 meses y 1 año.
En esta fase, el deudor debe presentar un proyecto en el que relacione todos los créditos pendientes de pago, clasificándolos según las categorías establecidas en la normativa civil. Posteriormente, la Superintendencia de Sociedades traslada este documento a los acreedores, quienes cuentan con un plazo de cinco días hábiles para presentar objeciones, en caso de que existan. Luego, el promotor (representante de la empresa deudora) dispone de diez días hábiles para intentar conciliar dichas objeciones.
Finalizado este proceso, el promotor presenta al juez del concurso un informe con las objeciones conciliadas y los allanamientos. Posteriormente, la Superintendencia de Sociedades fija la fecha de audiencia para resolver las disputas sobre el reconocimiento de los créditos, basándose en la documentación aportada como prueba.
Una vez que los créditos han sido legalmente confirmados por la Superintendencia, el deudor dispone de un plazo de cuatro meses para presentar el acuerdo de reorganización con el respaldo de la mayoría de los votos requeridos.
Anatomía de los procesos de insolvencia colombianos
Con base en la gestión de más de 700 procesos de insolvencia en Solunion Colombia, hemos identificado las siguientes condiciones generales en los acuerdos de reorganización:
- La mayoría de los acuerdos tienen una duración total entre 10 a 12 años.
- El periodo de gracia, que es el tiempo durante el cual el deudor no realiza ningún pago, oscila entre uno y dos años.
- Los créditos de cuarta clase (categoría de los proveedores y donde se encuentran localizados la mayoría de nuestros asegurados), por regla general inician sus pagos entre los años tres a cinco (después del periodo de gracia) y se pagan en cuatro o cinco años.
Los procesos de insolvencia funcionan como un salvavidas legal para los deudores, permitiéndoles establecer compromisos de pago a largo plazo con sus acreedores sin comprometer su continuidad.
Los datos de la Superintendencia de Sociedades muestran un aumento en la cantidad de empresas en crisis. Sin embargo, estos procesos no solo impactan a las compañías insolventes, sino que también generan un efecto dominó en el entorno empresarial. Proveedores, clientes y empresas vinculadas pueden verse afectados, al igual que la confianza de inversores y consumidores en el mercado, lo que, a largo plazo, puede desacelerar el crecimiento económico.
Protegerse frente a la insolvencia de clientes es posible con la ayuda del seguro de crédito, una herramienta que mitiga el riesgo comercial y cubre las ventas a crédito de la empresa. Si quieres más información, contáctanos.
